Solo a partir del 2001, con la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las diferentes entidades del Estado empezaron a digitalizar sus datos y a publicarlos en sus plataformas en Internet. Aun así, la informalidad de los mecanismos de recojo y actualización de información generaba datos poco fiables. Una muestra clamorosa fue detectada en el 2008 por los periodistas Gustavo Gorriti y Romina Mella, de IDL Reporteros (IDL-R), mientras indagaban en los registros de delitos de las comisarías en Lima Metropolitana. 3 Cuando solicitaron información sobre el número y tipo de delitos en las distintas jurisdicciones, advirtieron que casi todas presentaban resultados muy similares. Al indagar un poco más, descubrieron que los reportes eran llenados con un simple copy/paste, bajo la premisa de que en todos lados la situación era parecida. Los reporteros tuvieron que buscar otra manera de aproximarse al problema de criminalidad que investigaban.
Hasta la primera década del siglo XXI, el uso de bases de datos en el periodismo peruano se debió a esfuerzos individuales de reporteros de investigación para seguir adelante en sus pesquisas. En el 2010, la periodista Milagros Salazar Herrera, de IDL-Reporteros, investigó la poderosa industria pesquera del Perú con herramientas digitales que le permitieron compilar, verificar y analizar en hojas de cálculo más de 47 mil reportes de desembarque de anchoveta, una especie en riesgo permanente de sobreexplotación. Los documentos correspondían a los volúmenes de pesca declarados por las empresas y, por otro lado, a los informes de peso registrados por los supervisores del Estado en los terminales del país, entre los años 2009 y 2010. El contraste al detalle permitió detectar un sistema fallido de auditoría que beneficiaba a la segunda industria pesquera más grande del mundo. Se había dejado de declarar un volumen de captura que representaba 100 millones de dólares en impuestos.
“El periodismo de investigación está más vivo que nunca. Su apoyo en la tecnología ha logrado incrementar la calidad y el impacto de las historias”.
El reportaje de Salazar para IDL-R sería luego ampliado e incorporado a una cobertura global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ). En el 2012, dicho trabajo fue también uno de los ganadores del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, entregado por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).
Ese mismo año, la Unidad de Investigación del diario El Comercio publicó una serie de reportajes sobre las empresas y los grupos familiares que más se beneficiaban de las compras del millonario Programa de Asistencia Alimentaria (Pronaa) del Estado –que poco después sería desactivado y reemplazado por el programa Qaliwarma–. Se construyó en forma manual una base de datos de las contrataciones de dicho programa en los últimos diez años, en base a los reportes del Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (SEACE). Así se pudo identificar a las empresas que obtuvieron más contratos, sus propietarios y sus antecedentes. Poco después, se aplicó ese mismo método para investigar las compras de medicamentos por parte del Estado y se descubrió que un monopolio farmacéutico estaba imponiendo excesivos precios al sistema público de salud. La fuente estrella era una hoja de cálculo.
Se iniciaba una etapa en que los periodistas exploraban nuevas herramientas para mejorar su capacidad de análisis y pasar del reporteo a partir de un indicio particular a una investigación general a partir de evidencia masiva. El proceso tendría implicancias más allá de los resultados de las investigaciones: desde el enfoque para plantear investigaciones hasta el propio metalenguaje de la profesión.