Setenta y tres legisladores estadounidenses aprobaron normas que afectaban sus inversiones o beneficiaban a sus familiares gracias a que no estaban obligados a declarar sus potenciales conflictos de interés.
El equipo armó una base de datos en Excel con los formularios de información financiera y los registros públicos de los 535 miembros del Senado de EE.UU. Luego, contrastó las inversiones personales de los legisladores con reportes de sus actividades monitoreadas por LegiStorm, grupo de vigilancia sin fines de lucro. La información también fue cruzada con informes de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Se detectó casos como el de un legislador que facilitó la aprobación de exoneraciones tributarias para propietarios de caballos y luego compró siete ejemplares de raza. Otro patrocinó un proyecto de ley que benefició a la compañía de gas natural en la que su esposa era accionista.
El Congreso puso a debate su reglamento de conducta ética y abrió investigaciones a los senadores con claros conflictos de intereses.